En concreto se pretende facilitar las demandas colectivas ejercidas por varios perjudicados, así como el acceso a la información y las pruebas que puedan estar en poder del infractor.
El efecto vinculante para los tribunales de las decisiones de las autoridades nacionales de competencia es otro de los principales objetivos; por ejemplo, en España sólo se reconoce a las decisiones de la propia UE.
Se pretende también establecer criterios de orientación para los jueces, ya que en muchas ocasiones el cálculo de la cuantía de los daños es complejo. Otro de los objetivos es conseguir que los plazos de prescripción no dificulten el ejercicio de las acciones de daños y que las costas procesales no tengan un efecto disuasorio a la hora de interponer una demanda de daños.
A diferencia de lo que ocurre en otros países como EE.UU., este tipo de acciones son muy poco comunes en la UE y mucho más en España.
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