Además de lo anterior, este cambio normativo en el sector viene inspirado por la necesidad de adaptar el régimen jurídico para el cumplimiento de los denominados objetivos de la “Estrategia Europa 2020”, que tiene por objeto para el presente caso, el acceso de todos los europeos a conexiones de banda ancha. Se calcula que la inversión necesaria en del sector privado en el ámbito de las telecomunicaciones en España será de unos 23.000 millones de euros, y que esto podría generar dos millones de empleos para 2020.
A parte de fomentar la inversión y eliminar los impedimentos que han imposibilitado la proliferación de nuevas redes, cabe destacar que de cumplirse los objetivos pretendidos por esta nueva normativa, se ampliará la oferta de operadores en el mercado y por ende la presión sobre los precios y la competencia entre las empresas del sector.
Otro de los puntos que prevé la Ley es la el control que deberá ejercer la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Estarán entre las atribuciones de la Comisión, entre otras, las competencias de regulación ex ante y la resolución de conflictos entre operadoras reconocidas por la normativa comunitaria.
Dado el momento económico actual y vista la importancia de la Investigación y el Desarrollo, políticas que fomenten la inversión y la creación de empleo serán bienvenidas especialmente en un sector que demanda cambios a gran velocidad.
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Nueva Ley General de Telecomunicaciones
21-05-2014
El 10 de mayo de 2014 fue publicada en el BOE la Ley 9/2014 de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones, que sustituirá a su antecesora la Ley 32/2003 de 3 de noviembre. El objeto de esta Ley es fomentar la competencia sin desincentivar las inversiones en el sector de las Telecomunicaciones. A lo largo de su articulado se establecen de carácter principal, medidas para reducir y simplificar las cargas administrativas a través de la eliminación de algunas de las licencias y autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad. De la misma manera se establecen criterios para fomentar la liberalización en el sector y enmarcar el régimen de explotación de las redes, además de regular también, los derechos y obligaciones tanto de los operadores como de los usuarios finales.