Concretamente, la investigación se centra en las condiciones establecidas por SGAE a los promotores de conciertos musicales para la obtención de la correspondiente licencia de comunicación pública de la propiedad intelectual de los autores de obras musicales; como es sabido la SGAE venía a imponer a los promotores de conciertos una tarifa correspondiente al 10% sobre sus ingresos en la taquilla.
El expediente tiene su origen en una denuncia por parte de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que inicialmente fue archivada en el año 2006, pero que se retoma ahora tras haber sido recurrido el sobreseimiento.
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