Según el Presidente del Consejo General del Notariado las consecuencias prácticas de la decisión del Tribunal Supremo son que los notarios no podrán ejercer el control de la legalidad de los documentos que autoricen, que no podrán consultar el archivo de Revocación de poderes del Consejo general del notariado para comprobar si un poder ha sido o no revocado, ni usar los instrumentos que el reglamento notarial les daba para colaborar con la administración de justicia en materia de actas de notoriedad y de subasta, ni colaborar con el catastro resolviendo dudas de la descripción física de las fincas.
El Gobierno ha manifestado que promoverá en breve una iniciativa legislativa al objeto de volver a hacer operativos los controles notariales ahora anulados.”
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