El Real Decreto-ley 3/2009, de 27 marzo entra en vigor en respuesta a la crisis económica global y al impacto que la misma está teniendo en la vida económica española al objeto de adecuar a esta nueva situación, algunas de las normas cuya incidencia en la vida empresarial es más acusada.
En lo que a la Ley Concursal se refiere, las modificaciones vienen motivadas por el hecho de que aquélla se aprobara en un contexto económico distinto al actual, habiéndose comprobado que determinadas disposiciones en la misma contempladas, resultan inadecuadas en la práctica actual. Las novedades introducidas pretenden la apertura de vías para evitar un procedimiento concursal mediante la refinanciación con el consenso y apoyo de sus acreedores, de las empresas que atraviesen dificultades financieras, agilizar los trámites procesales, reducir los costes de tramitación así como mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas.
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