Los objetivos principales son, entre otros, de forma resumida los siguientes: (1) aceleración de procedimientos de desalojo y, en consecuencia, mayor seguridad jurídica para los arrendadores, particularmente mediante cambios correspondientes de la normativa del derecho procesal, (2) al mismo tiempo protección de la posición arrendaticia de tal manera que se dé en el futuro a los conflictos y a la incertidumbre asociada sobre el estado del contrato una solución jurisdiccional más rápida; (3) creación de confianza recíproca en una liquidación más eficaz de los asuntos legales y así reactivar el mercado arrendaticio en su conjunto mediante el equilibrio de fuerzas entre las dos partes que lleve a reducir las con frecuencia exageradas reclamaciones de garantía: En este sentido la declaración oficial del gobierno lo manifiesta de la manera siguiente: “En el futuro el arrendatario debe poder elegir libremente entre alquilar y comprar”; (4) la ley de reforma también fomenta medidas para la mejora de la eficiencia energética, entre otras cosas mediante una reducción de las mayorías necesarias para la toma de decisiones en esta materia por parte de las comunidades de propietarios.
Para más información sobre esta reforma póngase en contacto con Nils Döhler: [email protected]