Desarrollo legislativo dirigido a evitar los conflictos de intereses de los altos cargos del Gobierno y de las Administraciones Públicas

01-07-2009

El pasado 27 de marzo, mediante el Real Decreto 432/2009, se aprobó el Reglamento que desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de marzo de 2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Enmarcada en el intento de reforzar la dimensión ética en la actuación de los máximos responsables de la Administración, el objetivo de esta normativa es prevenir conflictos de intereses en el sector público y garantizar la transparencia y la objetividad en el ejercicio de aquellos puestos.

Desde un punto de vista de derecho mercantil y societario, la verdadera importancia de esta norma subyace en el hecho de que desarrolla reglamentariamente aquellos eventuales conflictos de intereses que pudieren existir entre los citados altos cargos y miembros del Ejecutivo español si éstos ocupan cargos dentro de los órganos de administración de las sociedades mercantiles.

El objeto de esta norma es triple: por un lado, conseguir la declaración de actividades públicas o privadas que desempeñen, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, los altos funcionarios y que sean susceptibles de ser retribuidas; por otro, la declaración de intereses, referente a las actividades profesionales, mercantiles o laborales que hayan desempeñado durante los dos años anteriores a la ocupación de dicho cargo, incluyendo los ejercidos por cuenta propia o ajena; y finalmente, la declaración patrimonial que comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de dichos altos cargos.

Asimismo, el Reglamento prevé las sanciones aplicables y la restitución de las cantidades percibidas indebidamente, con independencia de las consecuencias derivadas de las vinculaciones con el orden jurisdiccional penal.

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