La causa y problemática es que cada estado tiene su Derecho Sucesorio, sus trámites y sus documentos hereditarios, lo que implica complicaciones prácticas, que dan lugar a costes y dilaciones excesivos. Por fin, la Comisión propone un proyecto que implica que los residentes no nacionales podrán ejecutar testamentos de conformidad con la legislación del estado de su residencia.
Subsidiariamente, se aplicará la legislación del estado de residencia del causante -el fallecido- a la totalidad de sus propiedades -ubicadas en cualquier otro estado de la Unión.-.
Otra finalidad de todo ello es terminar con sentencias contradictorias dictadas en diversos estados de la Unión -incluso referidas a la misma propiedad-. Se ocupará de toda la herencia una autoridad única de un único estado.
También se propone el establecimiento de un certificado -de formato único para todos los estados de la Unión-, que facilite a todos los herederos -y a albaceas o administradores hereditarios- demostrar una situación sucesoria en cualquier estado de la Unión.
Los aspectos referentes al reparto de las herencias, así como los fiscales de toda sucesión continuarán rigiéndose por los derechos nacionales de cada estado. Es decir, este proyecto es de índole más administrativo o de Deercho Público -aunque no fiscal-.
En todo caso, y aunque sea actualmente "sólo" un Proyecto de la Comisión, es un primer paso esperanzador para agilizar las herencias transfronterizas en la Unión Europea.
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