Dos estudios muy recientes sobre la situación actual de la Justicia española han concluido que:
1.- deben implantarse prontamente el acceso a las redes de banda ancha, la firma electrónica y la digilitación;
2.- ello implicaría un aumento de eficiencia y productividad, reducción de tiempo de tramitación y de la consecuente acumulación de expedientes -algo evidentemente imprescindible en la actualidad- y un ahorro cercano a los 250 millones de euros; y
3.- será inevitable el ya denominado expediente electrónico.
Todo ello debe interrrelacionarse con el incremento inevitable de la internacionalización de la Justicia.
Además, es evidente la necesidad de más medios humanos y materiales, con la formación imprescindible y suficiente que ello implica -informática, idiomas, etc.-.
En todo caso, todo indica que, como ya se ha concluido, la Justicia del futuro será y deberá ser practicamente sin papel; y para ello deberán aplicarse las TIC.
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