Prórroga de medidas sociales y económicas del estado de alarma

06-05-2021 - Sonia Gumpert Melgosa

Próximo el definitivo fin del estado de alarma que da cobertura legal a las medidas limitativas y restrictivas de derechos a fin de contener la propagación del virus Covid-19, así como también a las medidas de orden social y económico adoptadas para paliar la situación de vulnerabilidad generada por la pandemia y el estado de alarma, el Gobierno ha prorrogado mediante el Real Decreto Ley 8/2021[1], en lo que aquí importa, algunas medidas económicas y sociales para atender a una recuperación económica y social que se prevé progresiva en función del avance en la vacunación y de la recuperación de la confianza de los distintos sectores económicos.

Sonia Gumpert Melgosa Abogada +34 91 319 96 86

El instrumento normativo arbitra en su capítulo II por un lado la prórroga de la suspensión hasta el día 31 de diciembre de 2021 de las obligaciones que afectan a las comunidades de propietarios en régimen horizontal de convocar y celebrar juntas de propietarios, así como de aprobar planes de ingresos y gastos, cuentas y presupuestos anuales, decretando la prórroga ope legis de los últimos presupuestos anuales y de los últimos nombramientos de órganos de gobierno. Por otro lado, llena una laguna legal[2], introduciendo la posibilidad de celebrar juntas por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple bajo la organización responsabilidad del administrador y del secretario. Tal laguna legal es obvia, teniendo en cuenta nuestra ley de Propiedad Horizontal data de 1960, por lo que requiere, pese a algunas reformas parciales hechas, una urgente revisión integral.

En el capítulo III se regulan diversas medidas que afectan a la vivienda. Por un lado, se prorrogan por 3 meses -es decir, hasta el día 9 de agosto de 2021- las medidas de garantía al consumidor vulnerable de los suministros de agua, electricidad y gas natural y la percepción del bono social. Asimismo y por otro lado, se extienden en materia de arrendamiento de vivienda hasta esa misma fecha -9 de agosto de 2021- la suspensión de los procedimientos de desahucio y del lanzamiento de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad, así como la posibilidad de solicitar moratoria o condonación total o parcial de la renta cuando el arrendador sea entidad pública de vivienda o gran tenedor[3], y de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del arriendo por un período adicional máximo de 6 meses a aquellos contratos que vencieran entre el 9 de mayo y 9 de agosto de 2021, salvo que se hubiera alcanzado ya acuerdo distinto entre las partes.

[1] Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, Boletín Oficial del Estado de 5 de mayo de 2021.

[2] Ley 49/1960 de 21 de julio sobre Propiedad Horizontal.

[3] Se califica como “gran tenedor” a quien posee más de diez inmuebles, según el Real Decreto Ley 11/2020.