Según datos de Red Eléctrica de España, el 56% de la demanda de 2024 fue cubierto con energías de origen renovable. Esto es bueno para reducir la huella de carbono, pero requiere una gestión por parte del operador del sistema, esto es Red Eléctrica de España.
La legislación otorga a este operador amplios poderes e intervención en la instalación y puesta en servicio de plantas de energías renovables y a cada paso es necesaria su intervención previa a la obtención de cualquier autorización. Por consiguiente, la legislación existente habilita a Red Eléctrica de España para impedir nuevas instalaciones o su posterior conexión una vez ejecutada si no cumplen con todos los protocolos legales y técnicos. También le otorga la facultad de desconectar estas instalaciones del sistema en cualquier momento, ante cualquier riesgo para el mismo. Por una vez, la legislación se ha adelantado al problema y existían los medios para evitar el apagón.
No culpemos a la tecnología (es bueno reducir la huella de carbono y además bajar el precio de la electricidad con fuentes naturales) ni a la legislación (que prevé medios para estos casos). Ambos elementos son herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro más sostenible y con menor huella de carbono. La verdadera responsabilidad recae en quienes gestionan nuestro sistema eléctrico, quienes deben garantizar, no solo el cumplimiento de los protocolos establecidos, sino la capacidad de anticiparse y prevenir situaciones que pongan en riesgo la estabilidad eléctrica.