¿Qué es lo que se está proponiendo?
La propuesta incluye un nuevo gravamen que afectará a las personas físicas y entidades no residentes en la UE que adquieran bienes inmuebles en España. Este impuesto complementario se aplicará sobre la base imponible del valor del inmueble, con tipos impositivos que pueden llegar hasta el 100% del valor del inmueble. Los tramos impositivos propuestos son los siguientes:
- 1.1% para inmuebles de hasta 100.000 euros.
- 1.5% para inmuebles de hasta 500.000 euros.
- 2% para viviendas de hasta un millón de euros.
- 3% para inmuebles de valor superior a un millón de euros.
Excepciones y vacíos legales
Este impuesto complementario no afectará a los extranjeros que compren vivienda a una promotora ni a las operaciones en las que el vendedor o adquiriente sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica por estar sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Además, las compraventas de inmuebles de obra nueva no tributarán por este impuesto, sino por el IVA, que está armonizado a nivel europeo y no puede ser modificado por esta propuesta.
Impacto y fase parlamentaria
La iniciativa se encuentra actualmente en fase de proposición de ley y está siendo debatida en el Parlamento. Aunque el impacto fiscal de esta medida puede ser significativo para los compradores extranjeros, su efectividad real en el mercado inmobiliario español es objeto de debate. El peso de las operaciones formalizadas por no residentes de fuera de la UE es relativamente minoritario, lo que podría hacer que esta medida sea más simbólica que efectiva. El gobierno español espera implementar este impuesto complementario aun durante el 2025.
Ante esta inminente realidad, es crucial contar con el apoyo de asesores legales y fiscales que puedan proporcionar orientación sobre cómo navegar las nuevas normativas y optimizar las estrategias de inversión.