Lo que más está dando que hablar es que la norma impone la obligación de implantar un sistema interno de denuncia de irregularidades para las empresas y organismos públicos con 50 o más empleados y a los municipios que atiendan a al menos 10.000 ciudadanos.

Las estafas por Internet continúan siendo un grave problema de seguridad. En los últimos meses hemos visto como los ciberdelincuentes, además de no descansar en su actividad delictiva, no paran de agudizar el ingenio para obtener sus ilícitos y jugosos beneficios.