Derecho Penal Económico

El Derecho Penal Económico es un sector dentro del Derecho Penal que se ocupa especialmente de aquellas conductas delictivas que se pueden producir en el seno de las empresas.

En particular, se encuadran los siguientes tipos de delitos:

• Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico;
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social;
• Delitos societarios, fraudes, estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida, administración desleal y delitos de insolvencia;
• Delitos relativos a las tecnologías de la información;
• Delitos contra los consumidores;
• Delitos contra la propiedad industrial e intelectual;
• Delitos relativos a la ordenación del territorio, urbanismo y el medio ambiente;
• Delitos contra la seguridad en el trabajo;
• Derechos de los trabajadores; y
• Delitos de injurias y calumnias.

Gracias a nuestra visión transversal, y a estar acompañados de un equipo multidisciplinar, nuestros expertos penalistas prestan habitualmente los siguientes servicios:

Asesoramiento penal: cuando se es víctima de un delito económico, o se está siendo investigado por su supuesta comisión, lo más habitual es tener múltiples dudas. Nuestro equipo de penalistas, gracias a su experiencia, está ampliamente capacitado para responder todas las preguntas que surjan a lo largo del proceso y con la mayor rapidez, las posibles opciones y consecuencias a las que se están enfrentando.

Cuando una compañía es víctima de una actividad delictiva por parte de un tercero, o alguno de sus miembros es acusado de haber sido el causante, se hace imprescindible el obtener toda la información referente a lo ocurrido. En este sentido, nuestros abogados son especialistas en la organización de pruebas y en la coordinación de investigaciones privadas complementarias a las realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Intervención judicial: como no podría ser de otra manera, además de los servicios antes mencionados, nuestros abogados penalistas están habituados a realizar las tradicionales actuaciones de acusación y defensa en el ámbito judicial de la empresa y de sus directivos, representantes y empleados en cualquiera de las fases del proceso penal (instrucción, juicio oral, apelación, casación, etc.) y ante cualquier órgano jurisdiccional (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional).

Ciberseguridad

La pandemia del Covid-19 ha generado el entorno ideal (confinamiento, teletrabajo etc.), para que los ciberdelincuentes incrementen sus conductas delictivas, y es que los ciberdelitos no han parado de crecer.

Esto es relevante porque los ciberataques no sólo ponen en peligro los activos de las empresas, tales como los secretos empresariales e industriales, los datos personales de los trabajadores, de los clientes y proveedores etc. sino que, una vez sufridos, dañan también la reputación e imagen de la compañía y de sus activos de propiedad industrial, como pueden ser las marcas que usan en el tráfico económico.

En nuestra área de Derecho Penal y Ciberseguridad ayudamos a nuestros clientes a prevenir este tipo de ataques y a luchar contra los perpetradores una vez que se han producido.

Servicios preventivos

Informes de diagnóstico: lo mejor para prevenir un ciberataque es conocer la empresa. Desde el área de Penal y Ciberseguridad nos encargamos de analizar cuál es la situación de una compañía. En particular, evaluamos los riesgos potenciales, las deficiencias de seguridad, el tipo de información que se trata en la empresa etc. Esto nos permitirá tener una imagen de la organización y poder saber si están correctamente protegidos o no. Asimismo, gracias a nuestros colaboradores informáticos expertos, ofrecemos a nuestros clientes el denominado “Hacking Ético”. Con esto lo que se pretende es intentar entrar en los servidores de la empresa y ver si están correctamente protegidos. De no ser así, ofrecemos las últimas recomendaciones en materia de seguridad informática.

Formación y políticas ante incidencias: en nuestra experiencia, la mayor parte de los ciberataques se consuman por un error humano. Por ello, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de organizar seminarios y charlas con los empleados, junto con la elaboración de códigos de buenas prácticas. Con esto se conseguirá que los empleados de una organización conozcan cuál es la problemática de los ciberataques, y cuáles son las medidas que ellos pueden llevar a cabo sin dificultades y que protegen a la empresa, sumado a cuál es la estrategia a seguir internamente cuando se sospecha que se está bajo una amenaza.

Revisión y redacción de cláusulas contractuales a empleados, directivos y con proveedores: con esto conseguiremos que la información que sea confidencial, o que contenga datos personales, esté debidamente protegida y, en caso de que se escape de la organización por culpa de otra parte, exigir responsabilidades.

Servicios reactivos:

Cuando, pese a los esfuerzos de las compañías y todas las medidas preventivas implementadas, el ciberataque termina consumándose y provocando un daño, nuestros expertos en Derecho Penal y Ciberseguridad están preparados para actuar.

En este sentido, ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento y defensa desde el estadio preliminar del delito: investigación interna de lo ocurrido y asistencia en la recolección y custodia de pruebas; actuaciones penales finales contra los infractores frente a los Tribunales, pasando por todas las etapas intermedias, como son las gestiones contra los infractores frente a la Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, disponemos de un Departamento de Protección de Datos en el que nuestros expertos en privacidad se encargan habitualmente de redactar y presentar la correspondiente denuncia ante la AEPD cuando hay datos personales comprometidos.

Por último, ayudamos a nuestros clientes a gestionar las crisis cuando los ciberataques sufridos deriven en casos mediáticos, aconsejando tanto sobre cómo actuar frente a la prensa, como sobre cómo atender y dar respuesta a las consultas y reclamaciones de los clientes y proveedores.