Conocido coloquialmente como Estatuto del Becario, el anteproyecto pretende delimitar las actividades formativas frente a las laborales y establecer el régimen jurídico aplicable a quienes desarrollan prácticas en empresas, instituciones u organismos públicos o privados. Se trata de una medida que tiene su razón en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
De acuerdo con la nota de prensa de la Vicepresidencia segunda del Gobierno Ministerio de Trabajo y Economía Social, se establecerá que las prácticas deberán estar vinculadas a un plan individual obligatorio, ajustado al itinerario formativo de cada persona. Además, se prohibirá expresamente que las personas en formación sustituyan a trabajadores contratados y se exigirá que la actividad de la empresa esté directamente relacionada con el contenido formativo.
Las personas en formación tendrán acceso a los servicios del centro de trabajo, derecho al descanso, a la compensación de gastos y a la protección frente a la violencia y el acoso. La formación deberá estar tutorizada, con un máximo de cinco (5) personas por tutor y el número total de personas en prácticas no podrá superar el 20% de la plantilla.
La disposición también pretende reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que tendrá acceso a la documentación relativa a las prácticas y desarrollará actuaciones específicas en este ámbito. Asimismo, se preverá la creación de una comisión de seguimiento para supervisar la correcta aplicación del Estatuto del becario en las empresas.
No obstante lo anterior: aunque este paso pueda parecer un avance significativo, no debe olvidarse de que se trata aún de un anteproyecto de ley y que su recorrido parlamentario está por definirse.
En un contexto político fragmentado, como demuestra el reciente fracaso del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, no puede descartarse que el Estatuto sufra modificaciones o incluso que no llegue a ver la luz en el Boletín Oficial del Estado (BOE).