La referencia resulta especialmente relevante tras la ampliación introducida por la Ley 28/2022, que redujo a cinco períodos impositivos el requisito previo de no residencia y extendió el acceso a nuevos perfiles, entre ellos teletrabajadores internacionales, administradores, emprendedores y determinados profesionales altamente cualificados. El régimen continúa siendo una herramienta atractiva para quienes trasladan su residencia a España, pero la Agencia Tributaria anuncia ahora de forma expresa que comprobará que sus requisitos se cumplen materialmente y no solo desde un punto de vista formal.
En una eventual comprobación, la Administración puede revisar la residencia fiscal del contribuyente durante los cinco períodos impositivos anteriores, la fecha efectiva del traslado, el motivo que lo determina y la actividad desarrollada en España. Especial importancia tiene la relación entre el desplazamiento y la circunstancia que permite acceder al régimen: el inicio de una relación laboral, la adquisición de la condición de administrador, el desarrollo de una actividad emprendedora o la prestación de determinados servicios profesionales. También debe existir coherencia entre las fechas comunicadas a la Agencia Tributaria, el alta en la Seguridad Social o la documentación equivalente, los contratos, los nombramientos societarios y la realidad del traslado. El empadronamiento o la obtención de un certificado de registro, por sí solos, no sustituyen el análisis de la residencia fiscal ni acreditan el cumplimiento del artículo 93 de la Ley del IRPF.
La doctrina reciente de la Dirección General de Tributos confirma la importancia de esta revisión material. En la consulta vinculante V5319-26, de 28 de julio de 2026, se analiza el caso de un contribuyente que se trasladó a España para incorporarse a un proyecto empresarial cuya operación inicial finalmente no llegó a ejecutarse, iniciándose la relación laboral meses después a través de una nueva sociedad. La Dirección General de Tributos recuerda que debe existir una relación de causalidad entre el desplazamiento y el inicio de la relación laboral y que un período de tiempo prolongado entre ambos momentos puede constituir un indicio de que esa conexión no existe. La apreciación final depende de las circunstancias concretas y de la prueba aportada por el contribuyente.
Por ello, la planificación y la conservación de documentación adquieren todavía mayor importancia. La revisión no debería limitarse al momento de presentar el modelo 149, cuyo plazo general para ejercitar la opción es de seis meses desde el inicio de la actividad, sino que conviene construir desde el principio un expediente documental coherente. Certificados de residencia fiscal de los ejercicios anteriores, contratos y cartas de desplazamiento, acuerdos de nombramiento, comunicaciones previas al traslado, altas en Seguridad Social, justificantes de viaje y otros documentos que permitan reconstruir la cronología real pueden resultar determinantes. Durante la vigencia del régimen debe comprobarse, además, que no se producen circunstancias que puedan provocar la exclusión y que las obligaciones fiscales continúan cumpliéndose conforme a sus reglas especiales.
En definitiva, el Plan de Control de 2026 sitúa expresamente la Ley Beckham dentro de las áreas de comprobación de la Agencia Tributaria. Para quienes estén valorando un traslado a España, resulta esencial coordinar con antelación la fecha de llegada, el inicio de la actividad y la documentación que sustenta el acceso al régimen. Y para quienes ya lo aplican, es recomendable revisar el expediente original y comprobar que los hechos posteriores siguen siendo consistentes con las condiciones que permitieron ejercer la opción.