La retribución de los administradores societarios En el marco del derecho mercantil español, la figura del administrador ocupa una posición clave en el gobierno de las sociedades. Su desempeño se somete a un régimen jurídico diseñado para equilibrar la correcta gestión empresarial con la protección de los intereses societarios, de los socios y de los […]

El consejo de administración constituye el órgano central de gobierno y dirección en las sociedades mercantiles españolas. A través de él, los socios o accionistas delegan la administración, la gestión estratégica y la supervisión de la empresa en un grupo de administradores que actúan colegiadamente. Sin embargo, dentro de este órgano existe una figura menos visible pero absolutamente esencial para el correcto funcionamiento del sistema societario: el secretario del consejo de administración. Su papel, tradicionalmente asociado a funciones meramente formales, ha evolucionado hacia un rol de garantía, asesoramiento y profesionalización del gobierno corporativo.

La correcta llevanza de la contabilidad y la imagen fiel de la situación económica son pilares fundamentales en el funcionamiento de una sociedad mercantil. En España, la legislación exige a las empresas que presenten sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil, buscando con ello garantizar que la información económica y contable disponible, no solo para la administración, sino también para terceros y la propia sociedad, sea fiable. Pese a ello, en la práctica, muchas empresas incumplen este deber. En este artículo exploraremos las consecuencias legales, económicas y operativas de no presentar las cuentas anuales en España.

En este artículo explicamos qué es la moratoria por pérdidas, la normativa que contiene y las consecuencias que pueden derivarse cuando expire en 2024. También arrojamos luz sobre posibles soluciones para que las empresas afectadas puedan actuar.

El pasado 22 de julio entró en vigor la Orden PCM/825/2023, de 20 de julio, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de certificación de empresas emergentes que dan acceso a los beneficios y especialidades reconocidas en la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.

Vivir en un mundo cada vez más globalizado conlleva la toma de medidas capaces de facilitar y fortalecer el crecimiento económico y las relaciones comerciales internacionales. La complejidad económica internacional a la que nos enfrentamos es asombrosa, y manifiestamente cambiante. Por ello, es fundamental para nuestro país adecuarse a los tiempos en aras de atraer capital extranjero, promover la inversión y abrir nuevas oportunidades en el horizonte.

El pasado febrero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, (el “Anteproyecto”), con el que se pretende transponer la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.

Sabido es que la pequeña y mediana empresa tiene la insustituible labor de generar riqueza, empleo y progreso creando una red de seguridad para muchas familias. A pesar de que las PYMES constituyen el 99% del tejido empresarial de toda la Unión Europea (idéntico dato en clave nacional), son extremadamente vulnerables a las turbulencias de los ciclos económicos y a los estragos de las crisis financieras, dejando consigo una comprometida tasa de supervivencia empresarial.

El capital riesgo es una fuente de financiación empresarial, dirigida principalmente a pequeñas y medianas empresas, con proyectos e ideas con un enorme potencial que a la hora de su financiación se enfrentan a ciertas restricciones a través de los canales tradicionales.

El pasado 25 de noviembre de 2021 el Gobierno español cumplió el trámite de consulta pública del Proyecto de Real Decreto sobre Inversiones Exteriores.

La ratificación de este Real Decreto persigue un doble objetivo. En primer lugar, desarrollar los aspectos de la Ley 19/2003 que fueron modificados durante 2020 con el fin de proteger empresas operando en sectores estratégicos, especialmente en cuanto a la introducción del artículo 7 bis., relativo a la suspensión del régimen de liberalización – conocido como “escudo antiopa” -. Y en segundo lugar, actualizar el procedimiento de declaración de inversiones exteriores en el Registro de Inversiones, tanto extranjeras en España como españolas en el exterior.

Propósito y contexto de la Ley de Startups

El anteproyecto de ley fue presentado por el Gobierno, con la finalidad de fomentar la inversión nacional e internacional, así como el movimiento de trabajadores internacionales. Su objetivo final es convertir a España en un centro europeo de referencia para empresas digitales y fomentar el talento internacional que esté dispuesto a establecerse en el país.

Esta futura ley supone un soplo de aire fresco para los emprendedores e inversores. España está dejando atrás la crisis del COVID-19 y prueba de ello es que la creación de empresas ha aumentado un 28,8%.

Una vez entren en vigor las modificaciones de la Ley, será recomendable que las sociedades modifiquen sus estatutos sociales a fin de introducir las nuevas regulaciones.

Desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo (“RDL 8”) éste ha sufrido modificaciones, puntualizaciones desarrollos y aclaraciones, en ocasiones para matizar cuestiones dudosas  y en otras para adecuar la realidad de la vida societaria a la llamada “nueva realidad” como consecuencia de la pandemia.